PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA LABORAL

Juan Carlos Benavente Teixeira
Asesorandina –Asesores y Consultores – Grupo TyTL

En la actualidad el procedimiento inspectivo de trabajo obliga al empleador a cuidar una serie de detalles formales durante su tramitación y en la etapa del procedimiento sancionador propiamente dicho. La inspección no se notifica al empleador, simple y llanamente un buen día el inspector llega premunido de una Orden de Inspección y un objetivo predeterminado. El empleador cuenta con el término de 10 minutos para atenderlo, caso contrario se entiende un acto de obstrucción en contra del acto inspectivo que puede generar una multa importante en su contra.

El inspector tiene la facultad legal de ingresar al centro de trabajo y recorrer sus instalaciones, sosteniendo entrevistas con los trabajadores y requiriendo, de ser el caso, documentación e información al empleador sobre los aspectos materia de la inspección. Normalmente una inspección implica una primera visita inspectiva de toma de información general y posteriores convocatorias a comparecencias en el propio Ministerio de Trabajo, acto en el cual el empleador debe asistir personalmente o por intermedio de sus representantes en la hora y día fijado y es aquí donde también debe tenerse sumo cuidado pues la inasistencia genera que se considere un acto de obstrucción a la labor inspectiva y por tanto la aplicación de una sanción económica.

Con una o más visitas o una o más comparecencias, el inspector habrá concluido con la recopilación de información y se encontrará en aptitud de elaborar la denominada Acta de Infracciones.

A diferencia de la normatividad antigua, en la actualidad una vez que se detecta un incumplimiento laboral no se otorga al empleador un plazo para la subsanación correspondiente, sino que el hecho genera que el inspector valorice el incumplimiento y considere la sanción correspondiente en el Acta de Infracción. El Acta de Infracción no es otra cosa que el documento formal que emite el inspector de trabajo conteniendo el resumen de sus actuaciones inspectivas, la determinación de los incumplimientos detectados, la calificación de las infracciones y la valorización de las mismas a través de la propuesta de sanción.

En efecto, el Acta contiene una “propuesta de sanción” y no una sanción en sí pues la aplicación de la sanción económica no es una atribución del inspector sino que lo es de la primera instancia administrativa laboral. El acta, conteniendo la propuesta de sanción, es notificada al empleador a quien se otorga 15 días hábiles para la presentación de sus descargos. Cumplido el plazo referido, con o sin los descargos del empleador, recién se emite la Resolución de Primera Instancia que contiene la primera decisión administrativa y que, reiteramos, no emite el inspector, sino la autoridad de trabajo. Esta decisión de primera instancia puede recoger la propuesta del inspector, como tradicionalmente acontece, y, como en casi todo procedimiento administrativo, es apelable por el empleador. Producida la apelación del empleador, dentro del plazo de 03 días hábiles de notificada con la Resolución de Primera Instancia, es la Segunda Instancia Administrativa, a cargo del mismo Ministerio de Trabajo, la que la resuelve en forma definitiva, concluyendo así el procedimiento administrativo sancionador.

Contra lo resuelto en el citado procedimiento, sólo corresponderá la interposición de la acción contenciosa administrativa ante el Poder Judicial. La decisión del autoridad de trabajo solo quedará suspendida en la medida en que en el marco del proceso judicial antes citado, el empleador obtenga una medida cautelar que suspenda los efectos de la decisión administrativa, caso contrario la autoridad administrativa de trabajo mantendrá vigente su derecho de cobrar el monto de las sanciones económicas aplicadas.