LA LEY DE INVERSION EN LA AMAZONIA: RESULTA VALIDA SU APLICACIÓN A FAVOR DE CONSORCIOS PARTICIPANTES EN PROCESOS DE SELECCIÓN?

Por: Rafael Torres Morales
Torres y Torres Lara - Abogados

INTRODUCCION:

Como es de público conocimiento, mediante la ley 27037 (Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía), se dispuso una serie de medidas tendientes a promover el  desarrollo sostenible e integral de la región amazónica, dentro de las cuales se aprobó la exoneración del IGV aplicable a aquellos contribuyentes ubicados en dicha zona en operaciones de venta de bienes, prestación de servicios o celebración contratos de obra.

Bajo este mismo tenor el Reglamento de la mencionada ley (Decreto Supremo Nº 103-99-EF) en su artículo 2 precisó cuales serían los requisitos básicos y recurrentes que deberían cumplir los contribuyentes que deseasen acogerse a los beneficios previstos en la Ley 27037:

a) Que el domicilio fiscal se encuentre ubicado en la amazonia,
b) Que, los activos netos deben encontrarse al menos en un 70% dentro de la amazonia. d) Que, no debe tener producción fuera de la amazonia.
b) Contar con inscripción en Registros Públicos correspondientes a las Oficinas Registrales de la amazonia.

En tal sentido y de acuerdo a la citada regulación resultaba factible que cualquier persona natural o jurídica que desease acogerse a dicho régimen de exoneración, pudiera hacerlo para lo cual  debería cumplir previamente con los requisitos  antes descritos.

APLICACIÓN A CONSORCIOS EN PROCESOS DE SELECCION

En este punto, cabe preguntarse si dentro de un Proceso de Selección resultaría válida la aplicación de estas medidas promocionales (como la exoneración del IGV a la oferta presentada) a favor de los Consorcios registrados en la región de la amazonía pese a que sus consorciados no lo estén.

Para absolver esta interrogante, a continuación analizaremos si un Consorcio como tal cumple con cada uno de los requerimientos previstos tanto en la ley como en el Reglamento antes citado para acogerse a dicho medida promocional:

 
 
  • En cuanto al requisito del domicilio fiscal:  si bien es cierto que un Consorcio como tal, a nivel societario - registral no posee un domicilio y menos aun una personalidad jurídica propia y distinta de sus partes conformantes, de acuerdo a la legislación tributaria sí existe una suerte de independencia jurídica de esta figura frente a sus consorciados (independencia que se observa con mayor nitidez a través de la figura del consorcio con contabilidad independiente) llegándose incluso en algunos casos a otorgársele  una identificación propia (número RUC) así como un propio domicilio fiscal distinto al de los consorciados. Bajo esta óptica podríamos concluir que este primer requisito podría válidamente cumplirse por los Consorcios.

  • Ubicación de los activos netos: al respecto, es preciso indicar que los Consorcios operan con bienes de propiedad de los consorciados quienes mantienen el 100% de éstos dentro de su propia contabilidad asumiendo solamente, frente al Consorcio un compromiso de hacer y no de dar. En consecuencia podría suceder o no que dichos bienes se hallen operativos en la amazonia. En la medida que dichos bienes se encuentran en la región amazónica se cumpliría con este asegunda condición.
  • Producción dentro de la Amazonía: al respecto, consideramos que en la medida que un Consorcio opere exclusivamente una determinada obra o prestación en la región amazónica estaría cumpliendo con este requisito.

  • Inscripción de la persona jurídica en el registro públicos: sobre este punto  es importante señalar que a la fecha nuestra legislación registral y  societaria no permite ni reconoce la inscripción ante Registros Públicos de los Consorcios al no concederles personalidad jurídica propia,
 
 

En tal sentido, al no cumplirse con esta última exigencia (siendo que el reglamento prevé la recurrencia de todos los requisitos a fin de poder someterse a sus normas promocionales) resulta evidente que las normas promocionales antes citados están diseñados para favorecer a quienes operan directamente, ya sea como personas naturales o jurídicas en la región de la amazonia  y no a favor de Consorcios cuyas partes no estén ubicadas en dicha región o no cumplan de manera particular con cada uno de los requisitos antes señalados.

Cabe precisar que, dado a un vacío normativo este tema viene generando diversas posiciones ante la OSCE lo que no otorga seguridad jurídica para los postores quienes legítimamente se encuentran ubicados en estas zonas promocionales frente a otros que no lo están pero que pretenden incorporarse a estas medidas promocionales (a fin de mejorar su oferta) a través del registro de Consorcios en la amazonía.

Ante ello debemos precisar que la OSCE, a comienzos de este años ha visto a bien elaborar y poner a debate un proyecto de directiva el que, en caso de aprobarse obligará a que todos los consorciados deban reunir las condiciones necesarias para que le sea aplicable el citado beneficio, lo que permitiría superar el problema planteado en pro de un adecuado proceso selectivo